El avance descontrolado y depredador de la industria forestal en Chile no tiene nombre. No sólo consiguen que el Senado de la República apruebe la idea de legislar un proyecto de ley sobre fomento forestal; que el poder ejecutivo prorrogue el Decreto Ley 701 por veinte años más, permitiendo con ello, la expansión de especies exóticas de monocultivos de pino y eucaliptus; que las empresas consultoras encargadas de evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales del sello FSC les otorguen dicho sello sin ningún escrúpulo y haciendo oído sordo a las observaciones de la comunidad y hoy consiguen que el propio Estado, bajo la institucionalidad del Servicio Agrícola Ganadero, financie el impacto económico que éstas empresas han tenido como resultado de la tala de los bosques de pinos afectados por la plaga de la avispa taladradora.
Las empresas forestales son las causantes de la depredación y graves impactos ambientales en territorios y comunidades de nuestra región y del país, generando verdaderos asesinatos de la vida rural en el ámbito social, cultural, económico y ambiental. Las forestales en Chile, han dejado, tras años de explotación, suelo muerto, infértil y comunidades profundamente empobrecidas.
No podemos aceptar que una institución del Estado anuncie sus pretensiones de ayudar a estas empresas, que por años han sido las responsables de una depredación ambiental son precedentes. Son las propias empresas las que deben dar respuesta por sus acciones. Son ellos los que deben generar planes de mitigación del daño causado: desplazamiento del bosque nativo, pérdida e impacto sobre los recursos hídricos, contaminación por agrotóxicos y plaguicidas que se aplican sin siquiera informar a la comunidad, contaminación por ruidos producto de la instalación de máquinas chipiadoras que funcionan día y noche generando un fuerte impacto sobre la vida y bienestar de las personas, pérdida y contaminación de ecosistemas y biodiversidad únicos, acorralamiento de comunidades rurales como resultado de las plantaciones; destrucción de caminos rurales, polución ambiental por el tránsito de la maquinaria pesada especialmente en los meses de verano, pérdida de suelos ganaderos y agrícolas; el impacto de la industria sobre la apicultura con el consecuente daño para la vida en el planeta, pérdida y transgresión de lugares sagrados, incumplimiento de normativas respecto de limpieza, mantención y extensión de cortafuegos, inexistencia de planes de seguridad poniendo en riesgo la vida de la gente y en definitiva una profunda pobreza en lugares de alta concentración forestal. Éstas son sólo algunas de las consecuencias que hoy reclaman respuesta inmediata del Estado y constituyen el clamor de numerosas comunidades y organizaciones
Ante el impacto ambiental que generan estas empresas, no es comprensible el evidente apoyo que reciben del Estado. Las denuncias de las comunidades casi no encuentran respuesta por parte de la institucionalidad. Nada se ha hecho por obligar a estas empresas a hacer estudios de impacto ambiental y la mayor parte de los cuestionamientos ciudadanos ni siquiera son respondidos por las empresas.
La falta de respuesta a las demandas de las comunidades, da cuenta del comportamiento de la institucionalidad vigente y del protagonismo empresarial en los planes de crecimiento nacional. Un Estado cómplice que observa y vela por que se hagan efectivos los apoyos y apostando al crecimiento de la industria forestal, no obstante, las graves consecuencias para la vida humana y natural.
Interpelamos públicamente al Director del SAG y a toda institucionalidad pública a dar explicaciones por este anunciado apoyo económico a una industria que genera una rentabilidad sobre los 30 billones de pesos en exportaciones. La exportación del sector forestal alcanzó a US$2.674,1 millones el primer semestre del 2013, lo que significó un aumento de 2,8% respecto del mismo período del año anterior y representó 6,9% de las exportaciones totales del país.
Los interpelamos por su comportamiento hacia las comunidades toda vez que cuando los reclamos vienen de este lado, no encuentran igual acogida. Solicitamos que el SAG se pronuncie, que explique a la ciudadanía por qué, cómo y en cuánto se financiará a las empresas. De igual modo, responder por las graves denuncias que hoy hacen cientos de de personas afectadas por estas empresas, y que son competencia de esta entidad.
Santa Bárbara, Agosto 06 de 2014
